Cómo programar el mando de la puerta del garaje
Tras la reunión, Puig ha asegurado que se están haciendo todos los esfuerzos para que “no desaparezca ninguna empresa viable” y para mantener todos los puestos de trabajo. Asimismo, ha explicado que el objetivo es “garantizar la continuidad de la actividad durante esta pausa” hasta que se generalice el programa de vacunación y “recuperar la normalidad en nuestra sociedad.”
El president ha anunciado que ya se ha iniciado la transferencia de los fondos a los municipios adheridos a la iniciativa AYUDAS PARÉNTESIS, un paquete de ayudas dotado con unos 160 millones de euros, de los que 100 millones de euros han sido aportados por la Generalitat Valenciana.
Puig ha explicado que actualmente se han adherido a la iniciativa 444 municipios, que recibirán la financiación para poder “llegar lo antes posible a todos los autónomos y empresas afectadas”. Estos fondos permitirán distribuir ayudas económicas por valor de 2.000 euros por cada autónomo y por cada microempresa, que se incrementarán en 200 euros adicionales por trabajador a su cargo, hasta un máximo de 10.000 euros.
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El Juzgado número 3 de Valencia ha dictado una sentencia en contra del criterio de Hacienda y en la que da la razón a una empresa que pagó el famoso Impuesto de Actividades Económicas (IAE) durante el estado de alarma, periodo en el que muchas empresas se vieron obligadas por ley a cerrar sus negocios.
En este caso, la empresa se vio obligada a cerrar su actividad desde el 14-3-2020 hasta el 21-6-2020. Y a limitar la capacidad al 75%, del 21-6-2020 al 6-11-2020. Y desde esa fecha, hasta el 31 de diciembre, sólo se le permitió ocupar un tercio de la capacidad.
El juzgado se ha posicionado a favor de la empresa al permitir la devolución del importe abonado por esta tasa, basándose en el artículo 89 del Real Decreto Legislativo 2/2004, que establece que en caso de baja por cese de la actividad, las cuotas se prorratearán por trimestres naturales, excluido el trimestre en que se produzca el cese de la actividad. A estos efectos, los contribuyentes podrán solicitar la devolución de la parte de la cuota tributaria correspondiente a los trimestres naturales en los que no se haya ejercido la actividad.
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-Se garantiza el derecho a la vivienda de las personas con más dificultades. Para ello, se establece una moratoria en el pago de las cuotas de los préstamos hipotecarios que beneficiará a aquellos trabajadores que vean reducidos sus ingresos o vayan al paro como consecuencia de esta situación de emergencia.
-Se destinan 600 millones de euros para financiar las prestaciones básicas de los correspondientes servicios sociales de las comunidades autónomas y entidades locales, con especial atención a la atención domiciliaria a personas mayores y dependientes.
La mitad del dinero se destinará a flexibilizar la regla de gasto para que los ayuntamientos puedan utilizar su superávit si lo invierten en partidas de atención social: atención a la dependencia, servicios sociales y todo tipo de problemas asociados al coronavirus
-Se amplía la protección a los suministros de energía y agua, garantizando los servicios públicos esenciales. Como novedad, también se aseguran los servicios de telecomunicaciones, un sistema que tras decretarse el estado de alarma se ha convertido en clave, con gran parte de la población obligada a permanecer confinada en sus casas.
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El Boletín Oficial del Estado (BOE) recogió el pasado viernes, 28 de mayo, el Real Decreto-Ley de medidas urgentes para la defensa del empleo,la reactivación económica y la protección de los trabajadores autónomos.
Como punto más significativo, el texto recoge la prórroga de los ERTES hasta el 30 de septiembre de 2021 después de que el Gobierno de la nación, patronal y sindicatos alcanzaran un acuerdo sobre las exenciones de cotización, principal punto de desencuentro entre el planteamiento de la Seguridad Social y la postura de los agentes sociales.
En este artículo el equipo de asesores laborales de AYCE Laborytax tratamos de dar respuesta a algunas de estas cuestiones y explicar qué supone esta ampliación de los expedientes de regulación temporal de empleo de fuerza mayor por motivos relacionados con la pandemia.
Esto supone que las empresas que accedan a las nuevas exenciones están obligadas a un nuevo periodo de 6 meses de manutención,que se sumaría al compromiso de manutención adquirido anteriormente, así como la prohibición de realizar horas extraordinarias o externalizar actividades para las empresas en ERTE.